La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud de los querellantes para imponer prisión preventiva o arresto domiciliario a Ana Grecia López, madre de Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, donde el pasado 8 de abril fallecieron 235 personas tras el derrumbe del establecimiento.
El tribunal, presidido por Nancy Joaquín Guzmán e integrado por July Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, explicó que López no fue individualizada como imputada por el Ministerio Público en la solicitud original de medida de coerción presentada ante el Juzgado de Atención Permanente.
Por ello, consideraron que no corresponde imponer una medida de coerción a una persona que no ha sido formalmente acusada por el órgano persecutor.
Además, la Corte desestimó los recursos presentados por los familiares de las víctimas, quienes solicitaban que López fuera incluida en el proceso debido a su vinculación como propietaria de la empresa relacionada con la discoteca.
En la misma resolución, el tribunal confirmó las medidas de coerción impuestas a Antonio y Maribel Espaillat, quienes quedaron en libertad tras pagar una garantía económica y con impedimento de salida y presentación periódica.
Las juezas consideraron estas medidas idóneas para asegurar la sujeción al proceso, tomando en cuenta que la pena por homicidio involuntario, que se les imputa, va de tres meses a dos años, y que una prisión preventiva prolongada sería desproporcionada y violaría el principio de presunción de inocencia.
Asimismo, la Corte rechazó la solicitud de auxilio judicial presentada por los querellantes para que el Ministerio Público entregara informes periciales, señalando que sólo está facultada para revisar recursos de apelación y no para admitir nuevas solicitudes en esta etapa.
Finalmente, el tribunal aclaró que la calificación jurídica de los hechos corresponde exclusivamente a los jueces de la fase preliminar y del juicio de fondo, y recordó que conceptos como dolo eventual o dolo indirecto no están contemplados en la legislación penal dominicana.
El proceso continúa abierto mientras se investigan las responsabilidades en una de las tragedias más graves ocurridas en locales de entretenimiento en el país.
