Julián Roa, abogado, ex regidor y autor del reconocido Tratado de Derecho Municipal Dominicano, ha denunciado que el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, está violando la ley al imponer un cobro de 1,000 pesos a los motoristas para obtener un carnet que les permita circular en el municipio.
Roa, académico con amplia experiencia en derecho y gestión municipal, explicó que esta medida no está dentro de las competencias del alcalde ni del ayuntamiento, y que contradice leyes nacionales vigentes.
Según Roa, el impuesto de circulación, conocido como placa, es un gravamen regulado por la ley nacional y los ayuntamientos no pueden cobrar por el uso del espacio público para circular.
El dirigente señaló que, además de exigir este carnet, el alcalde Astacio ha declarado que con el dinero recaudado entregaría cascos, chalecos y otros implementos de seguridad a los motoristas, algo que hasta ahora no se ha cumplido. Pese a esto, la medida ya se está aplicando y la policía municipal ha comenzado a detener motoristas que no cuentan con este carnet, aun cuando esta institución no tiene facultades legales para ejercer fuerza pública.
Julián Roa calificó la actuación del alcalde como una violación clara de la ley y advirtió que la medida representa un abuso de poder y un atropello a los derechos ciudadanos. «Dío Astacio está violentando la ley y lo está haciendo con plena conciencia», afirmó.
Esta situación ha generado preocupación dentro del propio Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece Astacio, ya que la medida podría afectar la imagen del gobierno central y crear animadversión tanto contra la gestión municipal como contra el partido.
Además, Roa recordó que existen varias sentencias del Tribunal Constitucional que han declarado ilegales intentos similares en otros municipios, como Santo Domingo Norte y Santiago, donde se pretendió cobrar arbitrios por el uso de espacios públicos y la circulación, los cuales fueron anulados por considerarse inconstitucionales.
Finalmente, el abogado y ex regidor hizo un llamado a las autoridades y al propio alcalde para que respeten el marco legal vigente y eviten imponer medidas que sólo generan conflictos y afectan a la ciudadanía.
