El presidente Luis Abinader reafirmó este lunes el compromiso de su gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción, al presentar la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) y habilitar el portal digital www.denunciaspepca.pgr.gob.do para reportar irregularidades de forma segura y anónima.
La iniciativa forma parte de la campaña “Protegiendo lo Nuestro”, orientada a capacitar funcionarios, empleados públicos y ciudadanos en la prevención, detección y denuncia de actos corruptos.
La ENIP se articula sobre cuatro pilares fundamentales: prevención de riesgos de corrupción; instituciones más abiertas, éticas y responsables; mayor transparencia con control y rendición de cuentas; y cumplimiento de estándares internacionales. A su vez, se estructura en seis ejes estratégicos:
- Transparencia y Gobierno Abierto: acceso a la información, institucionalidad sólida y participación ciudadana apoyada en transformación digital.
- Calidad Democrática: procesos electorales íntegros, regulación del financiamiento político y fortalecimiento de órganos de control.
- Administración y Servicios Públicos: profesionalización, formación ética obligatoria y cultura organizacional que promueva la denuncia segura.
- Contrataciones y Alianzas Público-Privadas (APP): compras transparentes, prevención de conflictos de interés y equidad para proveedores.
- Control y Fiscalización de Recursos Públicos: modernización de controles internos y externos, indicadores de eficiencia y uso de tecnología.
- Integridad en la Justicia y Lucha contra la Impunidad: sistema de denuncias protegido, persecución penal efectiva y recuperación del patrimonio público.
Por primera vez en la historia del país, la corrupción se reconoce como delito autónomo en el Código Penal (artículo 284), lo que permite sancionar cualquier conducta que afecte los bienes del Estado.
Durante su intervención en “LA Semanal con la Prensa”, Abinader detalló los principales tipos penales y sus sanciones:
- Contrataciones públicas irregulares: prisión de 3 a 10 años, inhabilitación por cinco años, multas proporcionales y devolución de fondos.
- Peculado, desfalco, concusión, prevaricación y coalición de funcionarios: prisión de 3 a 10 años, inhabilitación de por vida, multas del doble de lo sustraído y pago de hasta 60 salarios mínimos.
- Responsabilidad penal de empresas: multas de hasta 200 salarios mínimos, prohibición de contratar con el Estado por 10 años, decomiso de bienes y cancelación de licencias.
- Enriquecimiento ilícito y omisión en declaraciones juradas: prisión de hasta 10 años, decomiso de bienes y sanciones económicas.
- Manipulación de pagos, soborno, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada: penas de prisión, multas y sanciones administrativas.Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar un modelo institucional basado en la integridad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana activa.
