El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que desplegará tropas federales en Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas, una medida que ha encendido alarmas entre expertos legales por considerarla un posible «abuso de poder».
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició esta semana operativos en Chicago y Boston, aumentando la presencia de agentes federales, especialmente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tom Homan, asesor de Trump conocido como el “zar” de la frontera, adelantó que la Guardia Nacional será enviada a las llamadas ciudades “santuario” en los próximos días.
Si se concreta, Chicago y Boston se sumarían a Los Ángeles y Washington D.C., que ya recibieron tropas federales en menos de ocho meses de mandato de Trump. Otras ciudades como Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland también han sido señaladas por el mandatario.
Juristas cuestionan la legalidad de la medida. Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, afirmó que el despliegue militar “va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados”. El Gobierno ya enfrenta demandas por envíos similares durante protestas migratorias en California, donde un juez federal declaró ilegal la presencia de soldados en tareas policiales.
El fallo se basó en el Posse Comitatus Act, que prohíbe a las tropas federales involucrarse en labores de seguridad pública salvo excepciones limitadas. Trump ha argumentado que la medida busca combatir el crimen común, algo que, según expertos como Liza Gotein, correspondería a las autoridades locales y constituye un abuso de poder.
Para sortear restricciones legales, el Gobierno podría recurrir a tropas de la Guardia Nacional de otros estados bajo control estatal, aunque esto también genera cuestionamientos sobre la soberanía de los estados y posibles acciones legales ante el Tribunal Supremo.
