El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, recibió este domingo el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, un documento que busca transparentar y optimizar la gestión de la institución, incorporando buenas prácticas en administración y finanzas públicas.
El anteproyecto, compuesto por 311 artículos, es el resultado de un proceso riguroso y consensuado entre distintas instituciones del Estado, liderado por la comisión designada para la reforma policial mediante el decreto 370-24. Participaron miembros de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, así como diversas instancias técnicas y administrativas vinculadas a la normativa policial.
Servio Tulio Castaños, coordinador de la Comisión, destacó que el proyecto fue previamente consensuado con el director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, y con el presidente de la República. “Nosotros hemos concluido ya nuestro trabajo y hemos venido por instrucciones del propio presidente a entregarle al consultor jurídico esta propuesta”, expresó.
La comisión principal estuvo integrada por Elena Viyella, Carlos Salcedo, Jorge López, Víctor Benavides y el comisionado Luis García, entre otros, mientras que una segunda comisión contó con Elena Viyella, Marisol Vicens, Ramón Otero, Pedro Brache y Sergio Marranzini. Durante el proceso, se realizaron más de 50 sesiones de trabajo con actores clave como el Ministerio de Administración Pública, la Superintendencia de Pensiones, el Fondo de Pensiones de la Policía, la Sisalril y la Tesorería de la Seguridad Social.
Asimismo, se llevaron a cabo nueve encuentros regionales con organizaciones sociales y reuniones con la comunidad jurídica, universidades, entidades empresariales y religiosas, con el objetivo de enriquecer el anteproyecto mediante la participación de diversos sectores de la sociedad.
El documento será ahora evaluado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, como paso previo a su presentación ante el Congreso Nacional, en cumplimiento del compromiso del gobierno con una reforma policial integral, moderna y alineada con los estándares de transparencia y eficiencia institucional.
