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Durante la XX Reunión Regional de las Américas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Punta Cana, autoridades dominicanas, representantes sindicales y del sector empleador manifestaron su respaldo a la aprobación de un nuevo Código de Trabajo que modernice las relaciones laborales en República Dominicana.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, confirmó que la propuesta ha sido bien recibida en el Congreso Nacional y que existe voluntad firme en ambas cámaras para aprobar el nuevo marco legal en las próximas semanas. “Vamos a tener un nuevo Código de Trabajo muy pronto”, afirmó, destacando el compromiso de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.
La reforma busca fortalecer los derechos laborales, adecuar la normativa a nuevas formas de empleo y abordar temas sensibles como la cesantía con responsabilidad, sin retrocesos en protección social.
Gabriel del Río, representante del sector sindical, subrayó que la prioridad debe ser la paz laboral y la seguridad social. Reconoció que la cesantía no ha sido un obstáculo para el desarrollo del país, pero insistió en la urgencia de reformar el sistema de pensiones. También valoró que la aprobación en primera lectura respetó los acuerdos tripartitos, salvo una modificación puntual al plazo de cesantía en casos litigiosos.
Desde el sector empleador, Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardom, celebró los avances legislativos y planteó que aún hay espacio para revisar aspectos técnicos en segunda lectura, como el reconocimiento del pasivo laboral y ajustes al artículo 86. Defendió la propuesta de ampliar el período de prueba de tres a seis meses como medida para fomentar el empleo juvenil y facilitar la inserción laboral formal.
Todos los actores coincidieron en que el nuevo código debe responder a las transformaciones tecnológicas, la economía digital y el trabajo por plataformas, así como contribuir a la reducción de la informalidad, uno de los principales desafíos estructurales del país.
Peña Izquierdo destacó el trabajo conjunto con la OIT en programas como Trabajo Decente y For Life 2.0, aunque reconoció que la informalidad responde a múltiples factores, incluyendo los altos costos laborales y fiscales.
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