El Tribunal Supremo de Estados Unidos inició este miércoles la revisión de la constitucionalidad de la política arancelaria del presidente Donald Trump, cuestionada por 12 estados demócratas y un grupo de empresas, que alegan que el mandatario excedió sus atribuciones al imponer gravámenes bajo una ley federal de emergencia.
El debate jurídico se centra en la aplicación de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa), que permite al presidente actuar ante una “amenaza” declarada como emergencia nacional. El tribunal, de mayoría conservadora, deberá definir los límites del poder presidencial en materia comercial y su impacto en la economía nacional e internacional.
Escepticismo judicial y defensa gubernamental
Durante la audiencia, el presidente del Supremo, John Roberts, expresó dudas sobre la legalidad de los aranceles impuestos por Trump en abril. La defensa citó precedentes de expresidentes como Jimmy Carter y Richard Nixon, pero los magistrados no se mostraron convencidos de que se trate de un caso equivalente.
El abogado Neal Katyal representa a las empresas demandantes, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, asistió como público y defendió la medida como respuesta a la emergencia económica que enfrenta el país.
Posición presidencial
Trump, quien no acudió a la audiencia, calificó el fallo como una decisión de “vida o muerte” para el futuro del país, según escribió en su red Truth Social. La política arancelaria, que tradicionalmente depende del Congreso, fue aplicada por el Ejecutivo a una amplia gama de países, bajo el argumento de proteger la economía estadounidense.
