Santo Domingo, RD – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Suelos y Aguas, la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), intervino la mina de agregados Aremax en Nigua, que operaba de manera ilegal pese a haber sido clausurada de forma definitiva.
El viceministro en funciones de Suelos y Aguas, Davis Aracena, explicó que la empresa había sido sancionada en septiembre del año pasado por exceder el área autorizada para la explotación y por no cumplir con los criterios técnicos establecidos en su permiso ambiental.
“Los propietarios violaron los límites del polígono autorizado y no realizaban una explotación sostenible de los agregados, como lo exigía la autorización ambiental”, precisó Aracena, destacando que la reincidencia en estas violaciones amerita ahora un sometimiento judicial.
Durante el operativo, la Procuraduría Especializada levantó evidencias para llevar a los dueños de la empresa ante la justicia, especialmente tras reportarse la muerte de un empleado mientras trabajaba en la mina clausurada. Mientras tanto, el SENPA mantendrá vigilancia permanente en la zona y los propietarios deberán remediar el daño ambiental ocasionado, incluyendo la restitución de la capa vegetal y la reforestación del área impactada.
El director del SENPA, General de Brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, y el ambientalista Luis Carvajal respaldaron la intervención. Carvajal señaló que la Comisión Ambiental apoyará las acciones contra delitos ambientales y destacó que la empresa operaba sin cumplir los criterios técnicos legales.
La Mesa Interinstitucional, creada para respaldar iniciativas de defensa ambiental y acompañar a las autoridades en la persecución de delitos ambientales, servirá como base para las decisiones legales que se adopten contra la mina Aremax.
El Ministerio de Medio Ambiente reiteró su compromiso con la explotación responsable de los recursos naturales y advirtió que no permitirá operaciones ilegales que pongan en riesgo el medio ambiente y la vida humana, intensificando los operativos de fiscalización y acciones legales contra los infractores.
