El Gobierno de Venezuela, a través de la vicepresidenta y dirigente oficialista Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía limitada dirigida a personas encarceladas por motivos políticos, una medida que ha generado críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos.
Según Rodríguez, la iniciativa busca “favorecer la convivencia” y evitar actos de violencia o venganza, y fue consultada previamente con el presidente Nicolás Maduro. El anuncio se realizó desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en medio de presión internacional y un escenario político marcado por la detención del mandatario el pasado 3 de enero.
A pesar del anuncio oficial, la medida ha sido cuestionada por su alcance. Mientras el Gobierno asegura que más de 600 presos políticos se verán beneficiados, organizaciones independientes señalan que el número real de liberados apenas alcanza 302 personas. Además, muchos de ellos no recuperan plena libertad, ya que enfrentan prohibiciones de viajar, restricciones para hablar con la prensa, limitaciones laborales y vigilancia constante.
La oposición denunció que el régimen utiliza a los presos políticos como moneda de cambio, práctica que ya se había observado en indultos selectivos de 2020. Solo los detenidos extranjeros habrían recibido libertad total, al ser repatriados a sus países de origen.
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad propuso una amnistía más amplia, que abarque casos desde 2014 y contemple el sobreseimiento de causas contra periodistas, militares y activistas, como un paso hacia una verdadera reconciliación nacional. Para familiares y organizaciones civiles, la liberación parcial no representa una transición real mientras persistan cárceles llenas y la persecución política.
