Las declaraciones recientes del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un presunto fraude electoral han desatado un intenso debate institucional a dos semanas de las elecciones legislativas, provocando un intercambio de acusaciones y llamados oficiales a garantizar la transparencia del proceso.
A través de su cuenta en X, Petro afirmó que existen indicios de manipulación en el sistema de preconteo de votos gestionado por la empresa privada ASD, filial de Thomas Greg & Sons, contratista del Estado. Según el mandatario, esta compañía habría alterado resultados en comicios anteriores, lo que genera dudas sobre la confiabilidad de los próximos procesos electorales del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.
Alegatos de fraude
El presidente indicó que una testigo denunció que en 2022 ASD empleó a centenares de contratistas que completaban formularios con información transmitida por teléfono antes del cierre de las votaciones, lo que, según Petro, compromete la transparencia de los resultados.
Además, aseguró que se modificaron los resultados en al menos 4.200 mesas electorales mediante “iteraciones en los algoritmos”, lo que habría restado alrededor de 400.000 votos al Pacto Histórico, coalición que lo llevó al poder.
Durante un consejo de ministros televisado, Petro solicitó acceso completo al código fuente del software electoral para que expertos independientes auditen el sistema. También afirmó que no se ha cumplido plenamente una sentencia del Consejo de Estado, que ordenó el control estatal del programa que procesa los resultados.
Contexto histórico y el papel de Indra
El debate remite a las elecciones legislativas de 2014, cuando el Consejo de Estado anuló parcialmente resultados tras detectar fallas en el escrutinio del partido MIRA, utilizando software de la multinacional española Indra. Desde 2021, este sistema es propiedad del Estado y es operado exclusivamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), incluyendo las elecciones de 2022, en las que Petro resultó elegido presidente.
Respuesta de las autoridades
El procurador general, Gregorio Eljach, enfatizó que las elecciones deben ser “nítidas” y rechazó que se siembren dudas sobre su integridad. Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó que cualquier reclamo electoral debe tramitarse por vías institucionales, sin invalidar la legitimidad de las quejas.
La Registraduría, el CNE y otros organismos de control han defendido la solidez del sistema electoral colombiano, subrayando que el preconteo es solo un mecanismo de divulgación rápida y que el escrutinio oficial se realiza de forma manual y judicial, con auditorías técnicas nacionales e internacionales.
A pesar de las preocupaciones de Petro, expertos y organismos internacionales coinciden en que, salvo incidentes aislados, la transparencia de las elecciones colombianas no ha sido cuestionada por otras instituciones ni partidos.
