La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó este jueves que no existen fundamentos suficientes para iniciar una investigación sobre las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela, acusadas por Caracas de provocar presuntos crímenes de lesa humanidad.
La decisión se enmarca en la llamada “Situación en Venezuela II”, abierta tras una denuncia presentada por el Gobierno venezolano en 2020, que señalaba que las medidas coercitivas estadounidenses habrían ocasionado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos.
Tras un análisis preliminar, la Fiscalía concluyó que la evidencia disponible no permite establecer una relación clara de causalidad e intención entre las sanciones y los delitos denunciados. Además, la información revisada tampoco demuestra que los actos se hayan cometido con la intención requerida para constituir crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.
Las autoridades venezolanas fueron notificadas oficialmente y cuentan con 90 días para solicitar la revisión de esta resolución ante la CPI.
La Fiscalía aclaró que esta decisión no afecta otra investigación en curso, conocida como Venezuela I, que sigue evaluando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014, principalmente relacionados con detenciones arbitrarias.
Asimismo, se precisó que la decisión no guarda relación con los acontecimientos de enero de 2026, vinculados a la operación estadounidense que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, actualmente arrestado en Estados Unidos mientras espera juicio por presuntos vínculos con el narcotráfico.
