El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Gobierno del PRM discute a puertas cerradas una propuesta de modificaciones a la Ley 87-01 de Seguridad Social, sin el consenso ni la participación de los trabajadores, empresarios, partidos políticos y sectores representativos de la sociedad dominicana.
La denuncia fue realizada por la Secretaría de Seguridad Social del PLD, teniendo como vocero a su titular, Winston Santos, acompañado de Rafael Pérez Modesto, Yokaira Guzmán, Arturo Santos, Adán Herrera, Marcos Cruz y Guillermo Ferreira.
La organización política considera esta acción del Gobierno como inaceptable para los trabajadores y trabajadoras, así como para los pensionados y quienes requieren una pensión.
Recordó que en 2021 el propio Gobierno convocó al Consejo Económico y Social (CES) para debatir esta reforma. Sin embargo, ese proceso fue abandonado y, según el PLD, hoy se intenta impulsar una iniciativa que no ha sido conocida ni discutida por los actores llamados a participar en una decisión que impacta a millones de dominicanos.
El partido aclaró que es innegable la necesidad de reformar la seguridad social, ya que cerca de 25 años después de su creación el sistema enfrenta serios desafíos que deben discutirse con responsabilidad, transparencia y participación de toda la sociedad.
Indicó que la seguridad social fue creada mediante la Ley 87-01, que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar salud, pensiones dignas y cobertura de riesgos laborales para los trabajadores dominicanos.
El Partido de la Liberación Dominicana considera que varios aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de establecer qué se debe cambiar, mantener o eliminar del régimen actual.
Entre sus observaciones, el PLD señaló que las pensiones programadas para 2026 suman el 5.53 % del presupuesto nacional, lo que representa un incremento del 135 % respecto al año 2020, generando —según indicó— un impacto fiscal negativo y una profunda inequidad frente a quienes contribuyen durante toda su vida laboral.
También cuestionó el otorgamiento de pensiones a personas que no han prestado servicios al Estado, señalando que las pensiones solidarias deben responder a procedimientos normados y dirigirse a envejecientes, personas con discapacidad o madres solteras con hijos a cargo en condición de vulnerabilidad previamente identificada.
Sostuvo que el programa se percibe como discrecional y citó como ejemplo que en 2020 el gasto en jubilaciones y pensiones era de RD$43,349 millones, mientras que para 2026 la cifra asciende a RD$101,860 millones.
En ese sentido, declaró que solo en el régimen subsidiado se han otorgado más de 62,219 pensiones, lo que genera presión sobre el sistema de reparto estatal y compromete su sostenibilidad financiera a largo plazo.
Finalmente, el PLD afirmó que, como parte de su defensa de los trabajadores, propone una serie de medidas que incluyen solicitar al Gobierno la apertura de un diálogo con los diferentes sectores para discutir la modificación de la Ley de Seguridad Social. Asimismo, planteó que el Consejo Nacional de la Seguridad Social instruya a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a presentar un plan detallado que permita mitigar o disminuir los gastos médicos de los afiliados, conocidos como copago.
