El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha proclamado este jueves un nuevo estado de excepción de 60 días con el objetivo de hacer frente al auge del crimen organizado en el país. La medida afecta a nueve de las 24 provincias del Ecuador y a cuatro municipios de otras tres provincias. Entre las zonas más afectadas se encuentran Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes y pobladas del país, con más de 7 millones de habitantes, de un total de casi 18 millones a nivel nacional.
Este decreto suspende varios derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Esto permite a las fuerzas de seguridad, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas, ingresar a viviendas sin necesidad de una orden judicial y realizar interceptaciones de comunicaciones. Además, las autoridades desplegarán fuerzas militares para llevar a cabo operaciones coordinadas con la Policía contra las organizaciones criminales.
Las provincias incluidas en el estado de excepción están mayormente ubicadas en la costa del país, donde se concentra gran parte de la actividad de los grupos delictivos, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico. Zonas como Esmeraldas, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como Pichincha (donde se encuentra Quito) y Sucumbíos, fronteriza con Colombia, están dentro del alcance de esta medida.
En particular, la frontera con Colombia y Perú ha sido escenario de intensas operaciones contra grupos vinculados al narcotráfico, como los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las FARC. Estas acciones se han realizado con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
El presidente Noboa ha intensificado la lucha contra el crimen organizado desde principios de 2024, declarando una «guerra» al narcotráfico y la violencia. El estado de excepción forma parte de una serie de medidas similares que se han impuesto con el tiempo, que en ocasiones han incluido toques de queda y restricciones en diversas zonas del país. A pesar de estos esfuerzos, los índices de violencia no han mostrado una disminución significativa, y Ecuador continúa enfrentando una crisis de inseguridad, con cifras alarmantes de homicidios.
Este estado de excepción se ha declarado en un momento estratégico, justo antes de las festividades de Semana Santa, cuando millones de ecuatorianos se movilizan a otras regiones del país. Las autoridades esperan que esta medida ayude a frenar la violencia y el narcotráfico que ha marcado la situación de inseguridad en Ecuador en los últimos años.
