La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha emitido el Reglamento Núm. DGCP-SNCP-01-2026 del Registro de Proveedores del Estado (RPE), una nueva normativa que tiene como objetivo modernizar y agilizar el sistema de compras públicas, reducir la burocracia y fortalecer los mecanismos de control en las contrataciones del Estado.
Este reglamento, aprobado por el director general de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, es parte de los ajustes derivados de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, y busca transformar el Registro de Proveedores del Estado en una base de datos más eficiente, segura y fácil de usar.
Una de las principales innovaciones de esta normativa es la incorporación de un sistema de interoperabilidad entre diferentes instituciones públicas. Gracias a esta medida, el Estado podrá validar la información de los proveedores a través de entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y las Cámaras de Comercio, lo que reducirá la necesidad de solicitar documentos que ya están disponibles en otras bases de datos del sector público.
El director general, Carlos Pimentel, subrayó que este reglamento busca «eliminar obstáculos innecesarios» y asegurar que nadie pierda la oportunidad de participar en los procesos de contratación debido a trámites técnicos o redundantes. Además, destacó que se implementará un enfoque basado en riesgos, lo que permitirá realizar verificaciones diferenciadas de acuerdo con el nivel de riesgo que represente cada proveedor. De esta manera, se incrementa el control y la supervisión por parte de la DGCP, garantizando que los procesos sean más transparentes y preventivos.
El reglamento también busca facilitar el acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y a pequeños productores y agricultores familiares, al simplificar los requisitos de inscripción y actualización en el registro. Además, se establecerán condiciones especiales para el alquiler de inmuebles al Estado y se otorgará plena validez a la firma digital o electrónica, lo que representa un avance significativo hacia la digitalización del sistema.
Este nuevo reglamento entrará en vigencia dentro de 90 días hábiles y se implementará de manera progresiva a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Con estas medidas, las autoridades buscan no solo hacer más eficientes los procesos de contratación pública, sino también garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos del Estado.
