El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reafirmó este sábado en un mensaje a través de la plataforma X que su «oferta» de trasladar a los presos salvadoreños a Colombia sigue vigente, en respuesta a las recientes críticas de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre el sistema penitenciario de su país.
La tensión surgió después de que Petro cuestionara la gestión de las cárceles en El Salvador, sugiriendo que eran «campos de concentración» y que miles de jóvenes inocentes estaban siendo «asesinados en vida» dentro de ellas. En su reacción, Bukele publicó que comprendía ahora el origen de las críticas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, haciendo referencia a un informe del noticiero colombiano Noticias Caracol, que reveló un evento musical realizado en una cárcel del municipio de Itagüí, donde se encontraban los principales líderes de bandas criminales de Antioquia.
El presidente salvadoreño no dudó en hacer una oferta provocadora: «Si decide llevarse a los presos, definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles», afirmó. En un mensaje anterior, Bukele también había propuesto el traslado del 100% de los reclusos salvadoreños, incluidos los llamados «presos políticos», a Colombia, en respuesta a las acusaciones de Petro sobre supuestos abusos en las cárceles de El Salvador.
En su intervención, Bukele también sugirió que quienes defienden a los delincuentes y critican el sistema penitenciario de su país podrían estar detrás de una «agenda oscura». Este intercambio de acusaciones se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre ambos mandatarios, quienes se han distanciado por sus enfoques distintos sobre la seguridad y los derechos humanos.
El régimen de excepción en El Salvador, que lleva en vigor desde marzo de 2022, ha permitido la detención de más de 91.000 personas, aunque Bukele ha reconocido que al menos 8.000 de ellas podrían ser inocentes. Esta medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones humanitarias, que han documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes bajo custodia estatal.
Por otro lado, un informe reciente de un grupo de abogados internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU alerta sobre posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador, debido al trato a los detenidos en el contexto del régimen de excepción.
Este intercambio de críticas y propuestas, centrado en la gestión penitenciaria, ha puesto nuevamente sobre la mesa las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de El Salvador y Colombia, así como la creciente preocupación por los derechos humanos en la región.
