El Gobierno de la República Dominicana negó este viernes haber mantenido relación comercial con las empresas vinculadas al caso de corrupción en España conocido como Koldo, en el que están imputados el exministro español de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 en 2020.
Declaración oficial
En un comunicado, el Ejecutivo dominicano subrayó que desde la llegada de Luis Abinader a la Presidencia, el 16 de agosto de 2020, “el Gobierno dominicano no ha suscrito contratos, ni ha realizado procesos de compras o adquisiciones de bienes y servicios con ninguna de las empresas señaladas en dicho caso”.
Entre las compañías mencionadas figuran Pronalab, Modular HV Corp, Reusa, GSI Dominicana, Bali, Megalab Eurofins y Eurofins Histolog. El Gobierno insistió en que “la presente administración no mantiene vínculos comerciales ni relaciones contractuales con las referidas entidades”, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Contexto del caso Koldo
El escándalo estalló en España por la supuesta trama de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas durante la crisis sanitaria de 2020. Según las investigaciones, Víctor de Aldama habría intentado aprovechar sus vínculos con Koldo García y Ábalos para abrir negocios en República Dominicana en el verano de ese año.
Informaciones procedentes de España señalan que Aldama insistió en múltiples ocasiones para que García intercediera y lograra una llamada entre Ábalos y Abinader, con el objetivo de abrir la puerta a operaciones vinculadas al suministro de material sanitario.
Impacto político en España
El caso ha provocado un fuerte desgaste político al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya que Ábalos fue durante años hombre de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La imputación de su exministro y la implicación de su entorno cercano han generado tensiones internas y críticas de la oposición.
Posición dominicana
El Gobierno dominicano aclaró que no existe evidencia de contratos ni acuerdos con las empresas señaladas y que cualquier intento de vincular al país con el caso carece de fundamento. La administración de Abinader enfatizó que sus procesos de compras durante la pandemia se realizaron bajo estrictos criterios de transparencia y supervisión institucional.
