La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó al magistrado Francisco Jerez Mena para analizar la recusación presentada contra la jueza de instrucción especial Ysis Muñiz Almonte, quien conoce la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
La decisión fue adoptada por el presidente del alto tribunal, Luis Henry Molina Peña, quien delegó en Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala Penal, la responsabilidad de evaluar el incidente y rendir un informe técnico al Pleno.
La recusación
La recusación fue interpuesta por la defensa del imputado durante una audiencia celebrada el pasado 10 de abril, bajo el alegato de que la magistrada comprometió su imparcialidad al autorizar diligencias investigativas relacionadas con la entrega vigilada de dinero. Según los abogados, esa actuación implicaría un contacto previo con elementos probatorios del caso.
Pese a estos cuestionamientos, Muñiz Almonte rechazó apartarse voluntariamente del proceso, por lo que el expediente fue remitido a la SCJ para su ponderación. La documentación fue enviada a la Secretaría General del tribunal junto con la respuesta de la jueza a los señalamientos.
Próximos pasos
Una vez el magistrado Jerez Mena presente su informe, el Pleno de la Suprema Corte fijará audiencia para decidir si la jueza continúa o no al frente del caso.
El caso contra Valdez Alcántara
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue arrestado en flagrante, según el Ministerio Público, tras recibir 10 mil dólares de un investigado en un presunto fraude contra Senasa. La acusación sostiene que habría ofrecido influir en el proceso a cambio de dinero, llegando incluso a exigir hasta 150 mil dólares y bienes de lujo, en un encuentro realizado el 13 de marzo de 2026 en el Distrito Nacional, bajo supervisión de las autoridades.
El Ministerio Público asegura que cuenta con pruebas suficientes para sustentar la acusación, mientras la defensa insiste en cuestionar la imparcialidad de la jueza que conoce la medida de coerción.
Contexto institucional
La designación de Jerez Mena para evaluar la recusación refleja el procedimiento establecido en la normativa judicial dominicana, que busca garantizar transparencia y objetividad en casos donde se cuestiona la actuación de un magistrado.
El proceso será seguido de cerca por la comunidad jurídica y la opinión pública, dado que involucra a un fiscal en funciones y pone en debate la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia.
