Con 19 votos a favor y seis en contra, el Senado de la República Dominicana aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas viejas a contratistas del Estado y crea una comisión encargada de revisar las reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Objetivo de la iniciativa
La pieza legislativa, leída íntegramente antes de su aprobación, busca establecer un mecanismo de validación para saldar compromisos acumulados durante décadas, algunos de los cuales datan desde 1996. Según consta en el proyecto, entre los beneficiarios figuran contratistas que aún esperan pagos y otros que incluso han fallecido sin recibir la compensación correspondiente.
Sustitución de versión anterior
El proyecto proviene de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en dos lecturas consecutivas mediante un procedimiento acelerado y sin el respaldo de la oposición. Sustituye una versión anterior aprobada en enero de 2026, la cual fue observada por el presidente Luis Abinader.
El Poder Ejecutivo objetó aquella legislación alegando que no identificaba con precisión a los contratistas beneficiarios ni establecía claramente las fuentes de financiamiento para honrar las deudas.
Diferencias con la propuesta previa
A diferencia de la propuesta anterior, que contemplaba un listado cerrado de 571 acreedores con montos definidos, la nueva pieza cambia el enfoque y dispone la creación de una comisión especial encargada de revisar, validar y confirmar cada caso antes de autorizar cualquier pago.
Este nuevo esquema busca, según sus proponentes, garantizar mayor transparencia en el proceso y evitar que se incluyan reclamaciones sin sustento legal o técnico.
Proceso legislativo
La iniciativa deberá ser conocida en segunda lectura en el Senado antes de su aprobación definitiva. De ser sancionada, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.
Debate político
El proyecto ha generado debate en el Congreso, pues mientras sus defensores lo consideran una medida necesaria para saldar compromisos históricos y dar certeza jurídica a contratistas, sectores opositores cuestionan la rapidez del procedimiento y advierten sobre el riesgo de abrir espacio a reclamaciones dudosas.
Impacto esperado
De aprobarse, la ley permitiría al Estado dominicano cerrar un capítulo de deudas acumuladas que han afectado la relación con contratistas y frenado la ejecución de nuevas obras. Al mismo tiempo, la creación de una comisión evaluadora busca dar garantías de que los pagos se realizarán únicamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos.
La medida también podría tener un impacto en la dinámica económica, al inyectar recursos a empresas que han esperado durante años por la liquidación de sus contratos, algunas de las cuales forman parte de sectores estratégicos de infraestructura, educación y salud.
Perspectiva
El desenlace de este proyecto marcará un precedente en la forma en que el Estado maneja sus compromisos financieros con contratistas. La expectativa está puesta en la segunda lectura en el Senado, donde se definirá si la iniciativa avanza hacia convertirse en ley o si enfrenta nuevas objeciones.
