La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, definió este lunes como un “absurdo antijurídico” el litigio territorial que enfrenta a Caracas y Georgetown ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la región del Esequibo y la validez del Laudo Arbitral de 1899, que estableció la frontera de Venezuela con la entonces Guayana Británica.
Durante su intervención en La Haya, Rodríguez aseguró que “ninguna decisión de este tribunal ofrecerá una solución definitiva satisfactoria para ambas naciones” y que solo podría “mantener la divergencia y empujar a las partes a atrincherarse, alejándolas de un acuerdo práctico”.
En su primera visita fuera del Caribe como presidenta encargada, Rodríguez defendió ante el máximo tribunal de Naciones Unidas la postura venezolana, replicando los argumentos que ya había presentado en audiencias previas durante su gestión como vicepresidenta.
La mandataria instó a retomar el “diálogo directo” y a explorar “soluciones creativas y mutuamente beneficiosas” que permitan convertir un conflicto heredado del colonialismo en una oportunidad de cooperación, desarrollo conjunto y bienestar compartido.
Acceso a pruebas, en el centro de la controversia
Rodríguez denunció que, a pesar de que Venezuela presentó más de 3.000 folios de evidencias, el Reino Unido habría impedido el acceso a fuentes probatorias, destruyó documentos y facilitó información únicamente a Guyana.
“Venezuela logró recopilar abundante evidencia sobre la nulidad del Laudo Arbitral de 1899 y está lista para avanzar en negociaciones directas con Guyana”, afirmó la funcionaria. Añadió que cualquier intento de la CIJ por validar lo que calificó como un “fraude ocurrido hace 127 años” colocaría al tribunal en una “situación vergonzosa” y que Caracas no reconocerá dicho resultado para no incurrir en ilegalidad internacional.
El Esequibo, epicentro del conflicto
La disputa se centra en la región del Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.000 km², equivalente a dos tercios del actual territorio guyanés, rico en recursos naturales y bajo administración de Guyana desde hace más de un siglo, pero reclamado por Venezuela.
El litigio comenzó en marzo de 2018, cuando Guyana solicitó a la CIJ que declarara la validez jurídica del laudo de 1899 y la delimitación fronteriza definitiva. Caracas había declarado nulo dicho laudo en 1962, alegando irregularidades en su emisión.
Tras varias objeciones de Venezuela sobre la jurisdicción de la Corte, en diciembre de 2020 la CIJ determinó que sí podía pronunciarse sobre el caso, decisión confirmada en abril de 2023. En octubre de 2023, el conflicto se tensó nuevamente cuando Guyana pidió medidas cautelares ante la intención de Venezuela de realizar un referéndum sobre la creación del denominado Estado de “Guayana Esequiba”.
