El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria después de recibir propuestas de uno de sus principales contratistas privados, GEO Group, según informó The Washington Post.
De acuerdo con el medio, la empresa solicitó cambios en las regulaciones que podrían favorecer su posición legal en demandas laborales relacionadas con el trabajo realizado por personas migrantes bajo custodia. Entre las peticiones estuvo eliminar referencias a leyes estatales y locales, además de ajustar el lenguaje sobre la relación laboral de los detenidos.
ICE incorporó parte de estas recomendaciones en la nueva versión de sus normas. El documento actualizado establece que las personas detenidas “no son empleados” y que no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales estatales o locales.
La modificación también elimina referencias anteriores sobre el pago mínimo de un dólar diario por tareas realizadas dentro de los centros de detención, una práctica que ha generado críticas y demandas en distintos estados.
GEO Group, uno de los mayores operadores privados de instalaciones de detención migratoria en Estados Unidos, enfrenta litigios por presuntas violaciones a leyes de salario mínimo debido a los pagos realizados a algunos migrantes detenidos que participan en labores dentro de los centros. La compañía sostiene que esos trabajos son voluntarios y que funcionan bajo normas establecidas por el Gobierno federal.
El informe señala que los cambios reflejan la influencia que tienen los contratistas privados dentro del sistema de detención migratoria, en el que ICE actúa como regulador y, al mismo tiempo, como principal cliente de estas empresas.
La situación también ha generado cuestionamientos entre legisladores demócratas por posibles conflictos de interés, luego de que funcionarios vinculados a la política migratoria del actual Gobierno, como Tom Homan y David Venturella, hayan tenido anteriormente vínculos laborales con GEO Group.
En los últimos años, el Gobierno estadounidense ha incrementado el uso de centros privados de detención debido al aumento de arrestos migratorios. Durante la administración de Donald Trump, las detenciones alcanzaron niveles históricos, con más de 73.000 personas migrantes bajo custodia en enero, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.
Las nuevas normas de ICE vuelven a poner bajo debate el papel de las empresas privadas en la gestión de la detención migratoria y las condiciones laborales de las personas detenidas en estos centros.
