La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este miércoles un año de prisión preventiva contra el agente policial José Francisco Moreta Heredia, acusado de causar la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, durante un incidente ocurrido en el sector Herrera.
La medida fue dictada por el juez Reyes Rodríguez, quien ordenó que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras, de máxima seguridad, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones. El tribunal también declaró el proceso como caso complejo.
El abogado de la familia de la víctima, Bunel Ramírez, explicó que el tribunal acogió la solicitud de la parte querellante para que el agente no fuera recluido en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
“El tribunal acogió nuestro criterio de que enviarlo a Operaciones Especiales sería un privilegio para ese policía y lo envió a Las Parras”, expresó el jurista al término de la audiencia.
Además de la medida de coerción, el juez ordenó al Ministerio Público brindar asistencia profesional y apoyo psicológico a los familiares del fallecido.
Por su parte, Noel Mercado, padre de la víctima, manifestó su satisfacción con la decisión judicial y dijo confiar en que el proceso concluirá con justicia por la muerte de su hijo.
Acusación del Ministerio Público
Según el expediente, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde mientras el agente realizaba labores de patrullaje en La Cañada de Guajimía, donde requisaba a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de Darlin Enmanuel Mercado Reyes.
El Ministerio Público sostiene que, cuando la víctima se acercó para informar que la motocicleta era de su propiedad, el agente presuntamente le disparó en el tórax sin mediar palabras, provocándole la muerte en el lugar.
La investigación establece además que el incidente fue grabado por Ceballos Guzmán con su teléfono celular, dispositivo que será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la extracción y análisis del contenido.
El órgano acusador calificó provisionalmente los hechos como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio voluntario.
