El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) al pago de más de RD$7.5 millones, tras determinar que el órgano acusador incumplió una orden judicial que disponía la devolución de bienes incautados a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el caso de la presunta estafa al Estado y sabotaje de la red semafórica.
Decisión judicial
La jueza Patricia Padilla liquidó el astreinte impuesto al Ministerio Público, al concluir que no se cumplió con la resolución emitida el año pasado que ordenaba la entrega de los objetos ocupados durante la investigación.
Según la resolución No. 058-2026-SOTR-00044, al momento de conocerse la solicitud la PGR había devuelto la mayoría de los bienes retenidos, quedando pendiente únicamente un teléfono celular Samsung S3 del año 2012.
Argumentos del Ministerio Público
Durante la audiencia, el órgano acusador explicó que el dispositivo permanecía en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la extracción de datos que serían utilizados en la acusación. Posteriormente, fue trasladado al almacén de evidencias durante la mudanza de las antiguas instalaciones de la Procuraduría, lo que retrasó su localización. No obstante, la magistrada concluyó que el Ministerio Público no demostró de manera suficiente la imposibilidad de cumplir con la decisión judicial, por lo que ordenó el pago íntegro de la sanción económica.
Bienes devueltos
Entre los objetos ya restituidos a Álvarez Carbuccia figuran:
- Dos teléfonos iPhone.
- Una yipeta Chevrolet Tahoe modelo 2017.
- Cinco relojes.
- Una computadora MacBook.
- 17 cartuchos calibre 12, entre otros.
Proceso judicial
Álvarez Carbuccia es uno de los diez acusados en el proceso que también involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez. Los imputados enfrentarán juicio de fondo a partir del 11 de agosto, acusados de presuntos actos de corrupción, sabotaje a la red semafórica, delitos de alta tecnología, robo de identidad y lavado de activos.
