Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel al financiero Keegan Harricharan, residente en Florida, por armar un fraude con fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
Condena y cargos
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Harricharan, de 42 años, quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos bajo la Ley CARES, diseñada para apoyar a pequeñas empresas durante la crisis sanitaria.
Fraude con fondos de la pandemia
Según el Departamento de Justicia (DOJ), Harricharan y sus cómplices obtuvieron de manera fraudulenta más de 840.000 dólares del Programa de Protección de Nómina (PPP), recursos que fueron utilizados para “promover, financiar y apoyar la conspiración destinada a derrocar al Gobierno de Haití”. El acusado usó su compañía TNR Holding Group Inc. para recibir y distribuir los fondos entre otros miembros de la trama, con quienes discutió cómo asegurar financiamiento, armas, municiones, personal y equipo militar para la operación.
Declaraciones de la Fiscalía
“Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano”, declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
Otros implicados
En mayo pasado, un jurado federal en Miami declaró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, todos identificados como cómplices de Harricharan. Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, perpetrado por un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití, incluyendo la viuda de Moïse. Sin embargo, el proceso judicial en Haití permanece estancado por la crisis política y de seguridad.
Impacto en Haití
El asesinato del mandatario desató una profunda crisis institucional y social en Haití, que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos. Actualmente, unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque la medida enfrenta incertidumbre tras su revocación por el gobierno del presidente Donald Trump.
