Los principales partidos de oposición de El Salvador, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), anunciaron este domingo a sus candidatos presidenciales para competir contra el mandatario Nayib Bukele en los comicios de febrero próximo.
Arena eligió a la exdiputada Mayteé Iraheta como su representante, mientras que el FMLN designó al dirigente sindical Rafael Aguirre para disputar la presidencia. Ambos aspirantes buscarán posicionarse como una alternativa frente a Bukele, aunque parten con pocas posibilidades debido al alto respaldo popular del actual gobernante.
Bukele mantiene una aprobación superior al 80%, impulsada principalmente por su estrategia de seguridad contra las pandillas, un problema que durante años convirtió a El Salvador en uno de los países con mayores índices de violencia del mundo.
El presidente, de 45 años, fue nominado recientemente por su partido Nuevas Ideas para intentar obtener un tercer periodo de gobierno, con lo que podría permanecer en el poder hasta 2033. Su candidatura ha generado críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales, que cuestionan la reforma constitucional que permitió la reelección y advierten sobre posibles abusos durante el régimen de excepción.
La candidata de Arena afirmó que su propuesta busca conservar los logros alcanzados en materia de seguridad, pero acompañarlos con mayor desarrollo social y beneficios para toda la población. Por su parte, el aspirante del FMLN llamó a impulsar un diálogo nacional y presentó su candidatura como una opción distinta frente al actual gobierno.
Bukele llegó al poder en 2019, cuando rompió con tres décadas de dominio político de Arena y el FMLN al ganar con el 53% de los votos, apoyado principalmente por jóvenes y ciudadanos inconformes con los partidos tradicionales.
Mientras sus seguidores destacan la reducción de la violencia, sus críticos lo señalan de concentrar poder y organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian presuntas violaciones durante el estado de excepción, incluyendo detenciones masivas y restricciones contra sectores opositores.
