A solo once días de finalizar su mandato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse un presunto caso de corrupción que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de supuestamente ofrecer gestiones para facilitar la adjudicación de contratos públicos a cambio de pagos y comisiones.
De acuerdo con las denuncias, las dos mujeres habrían utilizado presuntos contactos dentro del Gobierno para prometer a empresarios acceso a contratos estatales. El supuesto esquema incluía el cobro de una tarifa inicial por reuniones, un millonario anticipo para iniciar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos adjudicados.
La controversia aumentó luego de que Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, afirmara que había advertido personalmente al mandatario sobre la influencia que ejercía Juliana Guerrero dentro del Ejecutivo. La funcionaria aseguró que incluso existió un decreto para apartarla de un cargo de representación presidencial, aunque este nunca fue firmado.
Tras las declaraciones, Petro anunció la salida de Rodríguez de su cargo y rechazó las acusaciones, asegurando que se trata de señalamientos sin fundamento dirigidos a afectar la imagen de su administración.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Colombia abrió una investigación para establecer si las hermanas Guerrero hicieron parte de una presunta red de tráfico de influencias dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de dinero.
El mandatario negó cualquier participación de su Gobierno en las irregularidades denunciadas y sostuvo que, de comprobarse los hechos, se trataría de una estafa cometida por particulares y no de una operación coordinada desde la administración nacional.
El caso se convierte en uno de los últimos desafíos políticos y judiciales que enfrenta Gustavo Petro antes de entregar la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto.
