La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) solicitó de manera formal al Ministerio de Educación (Minerd), a través de la Dirección General de Infraestructura Escolar (DIE), información precisa sobre la ubicación de los centros educativos donde se construyen o serán habilitadas las 1,000 nuevas aulas anunciadas por las autoridades para el próximo año escolar.
ADP pide transparencia en obras escolares
La petición fue realizada mediante una comunicación dirigida al director general de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera Polanco, en la que el presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo Abreu, pidió que se detalle en qué provincias, municipios, distritos educativos y sectores se ejecutan o se ejecutarán estas obras.
El gremio magisterial explicó que la solicitud surge a raíz de una publicación realizada el pasado 27 de julio por el periódico El Nacional, en la que se informó sobre la construcción y habilitación de nuevas aulas en distintas localidades del país. Según la ADP, disponer de estos datos permitirá dar seguimiento al impacto de las inversiones destinadas a reducir el déficit de espacios escolares y, al mismo tiempo, colaborar con la supervisión del avance de los trabajos a través de sus seccionales municipales.
Supervisión gremial y déficit de aulas
La organización considera que la transparencia en la información es fundamental para garantizar que las obras respondan a las necesidades reales de las comunidades educativas. En ese sentido, la ADP reiteró que su interés no es únicamente conocer el número de aulas anunciadas, sino también verificar que estas se construyan en los lugares donde existe mayor demanda, como zonas rurales, barrios marginados y municipios con alta densidad estudiantil.
La comunicación fue recibida por la Dirección General de Infraestructura Escolar el 28 de julio de 2026, y en ella la ADP reafirmó su disposición de contribuir al fortalecimiento de la educación pública. Hidalgo Abreu expresó que el gremio mantiene su compromiso de velar por la calidad del sistema educativo y que, en este caso, la supervisión de las obras escolares es un aspecto clave para garantizar que los recursos invertidos tengan un impacto directo en la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Reclamo por cumplimiento de anuncios anteriores
El gremio recordó que en años anteriores se han anunciado planes de construcción de aulas que no siempre se materializaron en la magnitud esperada, lo que ha generado preocupación en la comunidad educativa. Por ello, insistió en que la información solicitada permitirá verificar la ejecución real de los proyectos y evitar que se repitan situaciones de retrasos o incumplimientos.
La ADP también destacó que la construcción de nuevas aulas es una medida urgente para enfrentar el déficit de espacios escolares que afecta a miles de estudiantes en todo el país. En muchos centros educativos, las clases se imparten en condiciones de hacinamiento, con grupos que superan los 40 alumnos por aula, lo que dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, en algunas comunidades los estudiantes deben trasladarse largas distancias para poder asistir a clases, debido a la falta de planteles cercanos.
Expectativa de respuesta del Minerd
En su comunicación, la organización magisterial expresó confianza en que las autoridades educativas ofrecerán una respuesta oportuna y clara, que permita a los docentes y a la sociedad en general conocer el alcance de las obras anunciadas. Asimismo, reiteró su disposición de colaborar con el Minerd en la supervisión de los trabajos, a través de sus seccionales municipales, como una forma de garantizar que las inversiones se traduzcan en beneficios tangibles para la población estudiantil.
La solicitud de la ADP se enmarca en un contexto de creciente demanda de transparencia en la gestión pública, especialmente en el sector educativo, donde las inversiones en infraestructura tienen un impacto directo en la calidad de la enseñanza. El gremio considera que la construcción de nuevas aulas debe ser acompañada de un proceso de rendición de cuentas que asegure que los recursos se utilicen de manera eficiente y que las obras respondan a las necesidades reales de las comunidades.
