El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este viernes una nueva ley de arrendamiento destinada a estimular el mercado inmobiliario y atender las necesidades habitacionales de la población, en un contexto marcado por el doble terremoto del 24 de junio, que dejó a casi 18,000 personas sin viviendas, según el balance oficial.
Una ley con 27 artículos
La norma, compuesta por 27 artículos, fue leída a detalle antes de recibir la aprobación por unanimidad. El texto establece que la ley busca contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales, así como promover y proteger el mercado inmobiliario de arrendamiento. La diputada opositora Alejandra Rodríguez señaló que la iniciativa representa un paso para recuperar la confianza en el mercado, actualmente caracterizado por exigencias como depósitos adelantados de hasta un año, fiadores y constancias adicionales que dificultan el acceso a la vivienda en alquiler.
Condiciones mínimas de habitabilidad
Según lo aprobado, los inmuebles deberán cumplir condiciones mínimas de habitabilidad y no podrán ser arrendados aquellos ubicados en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades competentes. El monto del canon de arrendamiento será acordado entre las partes en el contrato, con las limitaciones establecidas por la ley, lo que abre la posibilidad de mayor flexibilidad en las negociaciones.
Medidas del Gobierno tras el terremoto
La aprobación de esta ley se enmarca en las medidas anunciadas por el Gobierno venezolano tras el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5, que dejó más de 5,500 fallecidos, 856 edificios colapsados y 190 afectados, según el último balance oficial del 24 de julio. Entre las acciones adoptadas figuran subsidios para la adquisición de viviendas y apoyo técnico de organismos multilaterales en los planes de reconstrucción.
La mandataria encargada prometió entregar 4,000 viviendas antes de que termine el año, mientras que el Ejecutivo informó que ya se inició la construcción de 1,875 viviendas como parte de la respuesta inmediata a la emergencia.
Impacto en el mercado inmobiliario
La nueva ley busca dinamizar un mercado que se ha visto afectado por la crisis económica y por la desconfianza de arrendadores y arrendatarios. El objetivo es ofrecer un marco legal que incentive la inversión y facilite el acceso a viviendas en alquiler, especialmente en un momento en que miles de familias han quedado sin techo tras la catástrofe natural.
La diputada Rodríguez insistió en que la norma puede contribuir a reducir las barreras de entrada al mercado de arrendamiento y a generar mayor seguridad jurídica para las partes involucradas.
Reconstrucción y confianza
El Gobierno ha señalado que la reconstrucción de las zonas afectadas y la creación de nuevas viviendas son prioridades inmediatas. La ley de arrendamiento se suma a este esfuerzo como un instrumento para regular y estimular el acceso a viviendas en un país que enfrenta un déficit habitacional agravado por los recientes sismos.
