La diputada de Fuerza del Pueblo, Llaniris Espinal, sometió a través de la Secretaría Legislativa un proyecto de ley que busca declarar la Cordillera Septentrional como territorio libre de minería metálica y proteger sus cuencas hidrográficas, con el propósito de preservar una de las principales reservas de agua y biodiversidad de la República Dominicana.
Prohibición definitiva de minería metálica
La iniciativa establece la prohibición total de las actividades de prospección, exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos en toda la Cordillera Septentrional, comprendida desde Montecristi hasta la Bahía de Samaná, incluyendo sus cuencas hidrográficas y ecosistemas asociados. Asimismo, propone declarar esta zona como Patrimonio Natural de la República Dominicana y prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, vinculadas a la minería metálica, así como la construcción de presas de colas y otras infraestructuras para el depósito de desechos mineros.
Régimen de sanciones
El proyecto contempla sanciones severas:
- El incumplimiento será considerado delito ambiental grave.
- Las personas físicas o directivos de personas jurídicas responsables enfrentarían penas de prisión de seis a veinte años.
- Se impondrían multas de entre 10 mil y 50 mil salarios mínimos, además de la obligación de restaurar el ecosistema afectado.
Licencias y concesiones
La propuesta también dispone que, una vez entre en vigencia la ley, queden sin efecto todas las licencias, permisos y concesiones de exploración o explotación minera metálica dentro del perímetro de la Cordillera Septentrional, y prohíbe que dichas concesiones sean renovadas o prorrogadas.
Contexto social y ambiental
La iniciativa surge en medio de años de conflictos y movilizaciones sociales contra proyectos mineros en la Cordillera Septentrional. Comunidades, organizaciones ambientalistas, iglesias y sectores productivos han advertido que la explotación metálica en esa zona representa un riesgo para importantes fuentes de agua, la biodiversidad y las actividades agrícolas que dependen de esas cuencas. Uno de los casos más polémicos ha sido el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, así como las discusiones sobre posibles exploraciones en zonas montañosas del Cibao.
Protestas comunitarias
En provincias como Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, comunidades han realizado marchas, vigilias y jornadas de protesta para exigir que el Estado descarte la minería metálica en la región. Grupos ambientalistas sostienen que la Cordillera Septentrional alberga importantes ríos y acuíferos que abastecen de agua potable y de riego a miles de familias, por lo que cualquier actividad minera de gran escala podría provocar daños irreversibles.
Impacto esperado
De aprobarse, la ley representaría un blindaje legal sin precedentes para la Cordillera Septentrional, consolidando su protección ambiental y garantizando la seguridad hídrica de la región. Además, marcaría un hito en la política ambiental dominicana, al establecer sanciones ejemplares contra la minería metálica en un área considerada vital para la sostenibilidad del país.
