Santo Domingo. El Gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de un nuevo programa piloto que exigirá una fianza económica a determinados solicitantes de visas de inmigrante, con el objetivo de garantizar que los nuevos residentes no se conviertan en una carga para el sistema de asistencia pública del país.
La información fue confirmada por Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, quien explicó que la medida entró en vigor el 5 de agosto y, en esta primera etapa, solo se aplicará en la República Dominicana.
Según detalló la funcionaria, el programa está dirigido exclusivamente a personas que solicitan visas de residencia permanente, generalmente beneficiarias de peticiones familiares realizadas por cónyuges, padres u otros parientes. La disposición no afecta a quienes ya poseen una visa de inmigrante aprobada ni a quienes únicamente están pendientes de viajar a Estados Unidos.
Molano precisó que la fianza no será obligatoria para todos los solicitantes. Cada caso será evaluado de manera individual por un funcionario consular, en coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Durante el análisis se revisarán documentos financieros, médicos, laborales y judiciales para determinar si existe el riesgo de que el inmigrante dependa de ayudas económicas del Gobierno estadounidense.
En caso de considerarse necesario, el oficial consular fijará el monto de la garantía económica. La visa solo será aprobada una vez que la fianza sea pagada y autorizada por las autoridades migratorias.
La portavoz explicó que el dinero será reembolsado después de cinco años, siempre que se compruebe que el beneficiario no recibió ayudas económicas en efectivo del Gobierno de Estados Unidos durante ese período.
Respecto al monto de la fianza, Molano indicó que no existe una cifra fija, ya que dependerá de las circunstancias particulares de cada solicitante.
Asimismo, aclaró que el programa piloto se aplicará de forma individual, incluso cuando una petición incluya a varios miembros de una misma familia, ya que cada solicitud migratoria es evaluada por separado.
Sobre la elección de la República Dominicana como punto de partida, la representante del Departamento de Estado explicó que se trata de un programa experimental y que la embajada estadounidense en Santo Domingo fue considerada un escenario adecuado para iniciar la iniciativa antes de extenderla a otros países.
Finalmente, Molano señaló que esta política forma parte de las medidas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, orientadas a reforzar los controles sobre la inmigración legal y a asegurar que los nuevos residentes cuenten con la capacidad económica suficiente para establecerse en Estados Unidos sin depender de recursos públicos.
