Una coalición de 22 estados demócratas presentó este jueves una demanda contra el Gobierno de Donald Trump para frenar el traspaso de una base de datos con información de 17 millones de conductores comerciales, gestionada por la Asociación Americana de Administradores de Vehículos de Motor (Aamva).
El conflicto se originó el pasado 23 de julio, cuando una agencia del Departamento de Transportes (DOT) reclamó por primera vez el acceso a la base de datos. Ante la negativa de la Aamva, la institución fue amenazada con la eliminación de subvenciones federales y contratos si no entregaba la información antes del 17 de agosto. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una citación el 11 de agosto exigiendo también acceso.
Argumentos de la coalición
En dos demandas distintas, los fiscales generales y un gobernador pidieron a un tribunal impedir que el DOT y el DHS obtengan los nombres, fechas de nacimiento y números del Seguro Social de los conductores comerciales incluidos en el sistema. La coalición sostiene que el reclamo es “ilegal” y se ha realizado sin aviso público.
Los estados alegan que las autoridades federales “están violando las leyes de privacidad federales al exigir a la Aamva divulgar datos sensibles sin límites sobre su uso y sin proveer un aviso al público”. Además, acusan al Gobierno de incumplir las leyes de procedimiento administrativo, al no demostrar una necesidad legítima para acceder a la información.
Hasta ahora, los datos del Sistema de Información de Licencias de Conducción Comercial (CDLIS) solo estaban disponibles para los estados con el propósito de administrar licencias. La coalición denuncia que el traspaso convertiría el sistema en “una base de datos federal con información sensible a cuya recolección el Congreso nunca autorizó al Gobierno federal”.
Riesgo de sanciones y contexto político
El Gobierno federal ha amenazado con retirar más de 10 millones de dólares en fondos a la Aamva si no entrega la base de datos de los últimos cinco años.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabeza las demandas, afirmó que “la Administración Trump intenta decomisar datos confidenciales de los estados sin ninguna justificación legal”.
El caso se inscribe en un contexto de creciente tensión entre varios estados y el Ejecutivo federal por el manejo de información sensible y la expansión de competencias en materia de seguridad nacional.
