Un proyecto de ley presentado en Bolivia ha desatado una fuerte polémica al plantear la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle.
La iniciativa fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de la alianza opositora Unidad, quien sostiene que la propuesta busca contribuir a la reinserción social de personas que viven en las calles y atender especialmente los casos de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
El proyecto establece que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva debe contar inicialmente con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, contempla que, una vez agotadas determinadas instancias, la esterilización pueda convertirse en obligatoria y realizarse bajo supervisión judicial.
Rodríguez explicó que la propuesta surgió tras observar las condiciones en las que viven algunas mujeres y niños expuestos al consumo de sustancias. Según el legislador, antes de una eventual esterilización se realizarían evaluaciones médicas y psicológicas.
El diputado también señaló que el artículo relacionado con la obligatoriedad podría ser modificado durante el análisis del proyecto en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
La propuesta ha provocado una respuesta crítica de la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos, que expresaron su preocupación y rechazo ante la posibilidad de aplicar esterilizaciones sin el consentimiento de las mujeres.
Las entidades consideran que una medida de este tipo podría vulnerar derechos fundamentales como la dignidad, la libertad, la integridad personal, la privacidad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
La activista feminista Patricia Flores calificó la iniciativa de discriminatoria y contraria a los derechos humanos. También cuestionó que la propuesta pueda afectar especialmente a mujeres indígenas y en condiciones de extrema pobreza.
Las organizaciones recordaron además que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las decisiones relacionadas con el cuerpo y la salud reproductiva corresponden a cada mujer y no deben estar sujetas a coerción.
Ante la controversia, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos exhortaron al Legislativo boliviano a respetar la Constitución y descartar cualquier propuesta que contemple la esterilización obligatoria, al considerar que podría atentar contra la dignidad y las libertades fundamentales.
