El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud del Ministerio Público para extender por cuatro meses el plazo de investigación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros implicados en una presunta trama de corrupción.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será presidida por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien deberá determinar si concede el período adicional solicitado por el órgano persecutor para concluir las pesquisas y presentar el acto conclusivo del proceso.
Según la investigación preliminar, el supuesto entramado habría ocasionado un perjuicio económico al Estado dominicano superior a RD$15,000 millones, mediante operaciones presuntamente irregulares relacionadas con recursos del SeNaSa.
La petición fue presentada por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, y Mirna Ortiz, procuradora adjunta y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Durante la audiencia, el Ministerio Público deberá exponer las razones por las que considera necesario disponer de cuatro meses adicionales para completar las diligencias pendientes antes de presentar formalmente la acusación.
El tribunal también escuchará los argumentos de la defensa de los imputados y de los abogados que representan al Estado, antes de tomar una decisión sobre la extensión del plazo.
Además de Santiago Hazim, el expediente incluye a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.
Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma permanece bajo arresto domiciliario, luego de que el tribunal modificara la medida de coerción que le había sido impuesta.
El proceso también involucra a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario.
La investigación se originó a partir de las pesquisas del Ministerio Público sobre una presunta estructura que habría empleado mecanismos irregulares para defraudar recursos públicos vinculados al Seguro Nacional de Salud.
Entre los delitos atribuidos a los imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Con la investigación, el Ministerio Público busca establecer las responsabilidades penales correspondientes y recuperar, mediante el decomiso, los recursos que presuntamente habrían sido sustraídos del SeNaSa.
La decisión del juez será determinante para establecer si los fiscales dispondrán de cuatro meses adicionales para concluir las investigaciones o si deberán presentar el acto conclusivo dentro del plazo vigente.
