Nueva York. — El estado de Nueva York puso en vigor este martes una nueva ley que prohíbe a los cuerpos policiales locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casos migratorios de carácter civil.
La normativa, denominada “Policía local, crímenes locales”, pretende evitar que las autoridades municipales sean utilizadas para apoyar la política de deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, defendió la medida y afirmó que los agentes locales deben concentrarse en investigar delitos y proteger a la ciudadanía. Según explicó, la Policía únicamente podrá colaborar con ICE cuando exista un delito real, y no para ejecutar acciones relacionadas exclusivamente con la situación migratoria de una persona.
Hochul criticó que las fuerzas locales puedan ser empleadas en operativos migratorios en lugares como escuelas, iglesias o establecimientos comerciales. A su juicio, esa situación desvía a los agentes de sus funciones principales y puede afectar la relación entre la Policía y las comunidades.
El jefe de Policía de Albany, Brendan Cox, respaldó la legislación y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la participación de agentes locales en labores migratorias civiles. Señaló que la confianza de los residentes puede disminuir si estos consideran que acudir a la Policía podría exponerlos a acciones migratorias.
“Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan y los testigos no hablan”, sostuvo Cox, quien agregó que esta situación puede terminar afectando la seguridad de toda la comunidad.
La gobernadora indicó que 60 de los 62 condados de Nueva York ya cumplen en la práctica con la normativa. Sin embargo, algunos gobiernos locales continúan rechazando la medida, entre ellos el condado de Nassau.
La disputa también llegó nuevamente a los tribunales. Un grupo de 15 alguaciles presentó una demanda contra el estado para impugnar la ley. Hochul y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificaron la acción judicial como un uso innecesario de los recursos de los contribuyentes.
Las autoridades estatales sostienen que los tribunales ya se habían negado anteriormente a suspender la legislación y confían en que la nueva impugnación tampoco prospere.
Con la entrada en vigor de esta norma, Nueva York refuerza la separación entre las funciones de sus cuerpos policiales y las labores de aplicación de las leyes migratorias federales, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Trump.
