La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó firme la sentencia que reconoce el derecho de Rosa Euris Ramírez Feliz de Cuello a ser reintegrada como servidora pública de carrera en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), así como al pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir durante el período en que permaneció fuera de sus funciones.
Ramírez Feliz de Cuello, representada por la abogada Yulibelys Wandelpool Ramírez, notificó formalmente a la DGCP la decisión judicial y requirió su cumplimiento, incluyendo el reintegro y el pago de RD$2,953,640.17, calculados a la fecha, más las sumas que continúen generándose hasta que se produzca el reintegro efectivo.
Antecedentes del caso
La desvinculación se produjo el 4 de marzo de 2024, cuando la DGCP la separó de su cargo como analista de la División de Correspondencia y Archivo, alegando faltas de probidad y supuesta gestión inadecuada de conflicto de intereses. Se le atribuyó la omisión de declarar vínculos familiares con una persona que laboraba en un área de compras y contrataciones del Estado, además de relacionarla con una investigación sobre contrataciones en el Acuario Nacional.
Sin embargo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) determinó que no existía prueba de que la servidora hubiese obtenido documentación confidencial vinculada a esa investigación. La propia DGCP había certificado que dicha documentación tenía carácter reservado y no podía ser entregada. El TSA concluyó que no podía presumirse que la empleada hubiese leído documentos que manejaba, por lo que declaró la nulidad del acto administrativo DG-01-2024 y del oficio DGCP44-2024-001103 que ratificaba su desvinculación.
La decisión del TSA ordenó su reintegro a las funciones que desempeñaba o a otra posición de igual categoría, estabilidad y remuneración, con un salario mensual de RD$65,000.00, además del pago de salarios dejados de percibir y derechos adquiridos desde marzo de 2024. También dispuso el pago de RD$59,990.77 por concepto de vacaciones no disfrutadas correspondientes al año 2023.
Decisión de la Suprema Corte
La DGCP recurrió en casación, alegando exceso de poder del TSA. No obstante, la Suprema Corte rechazó ese argumento y estableció que los jueces actuaron dentro de sus atribuciones al ejercer el control jurisdiccional de legalidad, garantizando el principio de legalidad y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
La SCJ sostuvo que la nulidad de un acto administrativo desfavorable implica reponer el estado de cosas existente antes de su realización, lo que en este caso significa el reintegro de Ramírez Feliz de Cuello y el reconocimiento de sus derechos como servidora pública.
En consecuencia, la Tercera Sala de la SCJ rechazó el recurso de casación interpuesto por la DGCP y mantuvo firme la sentencia dictada por el TSA.
