El Gobierno de Argentina anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas petroleras que realizan actividades en las islas Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por el país sudamericano.
A través de un comunicado, la Presidencia argentina informó que las acciones judiciales estarán dirigidas contra compañías que presuntamente desarrollan tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con la autorización exigida por las leyes nacionales.
El Ejecutivo de Javier Milei adelantó además que las denuncias no se limitarán a las empresas. También podrían alcanzar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en decisiones relacionadas con esas operaciones.
La medida se produce un día después de que Argentina demandara ante tribunales federales a la petrolera israelí Navitas y a otras cuatro compañías por sus actividades en aguas próximas a las Malvinas.
Entre las empresas señaladas figuran Navitas Petroleum Limited Partnership, sus filiales británicas Navitas Petroleum Development & Production Ltd y Navitas Petroleum Atlantic Limited, además de las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Uno de los principales proyectos involucrados es Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. La británica Navitas Petroleum Development & Production controla el 65 % del proyecto y, junto con Rockhopper, decidió avanzar en diciembre de 2025 con la inversión necesaria para su desarrollo.
De concretarse los planes, la extracción de petróleo comenzaría en 2028, lo que supondría el inicio de la producción petrolera a gran escala en las Malvinas.
Argentina también mantiene procedimientos administrativos contra unas 60 empresas y accionistas vinculados con actividades petroleras en el archipiélago. El Gobierno afirmó que empleará los mecanismos legales disponibles para impedir operaciones que, según su postura, afecten los derechos soberanos que el país reclama sobre las islas.
