Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal el plan de la Administración de Donald Trump para reducir en un 50 % la plantilla de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), organismo encargado de coordinar la respuesta ante desastres naturales.
La decisión fue emitida por la jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, quien falló a favor de una demanda presentada por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno contra una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El proyecto contemplaba eliminar unos 11.500 puestos de trabajo de FEMA, que cuenta con aproximadamente 23.000 empleados, antes del cierre del año fiscal 2026.
Según la magistrada, el DHS actuó fuera de sus competencias al asumir decisiones relacionadas con el personal de FEMA. Además, calificó de “arbitrarias y caprichosas” las medidas adoptadas por ambas instituciones y cuestionó la base utilizada para determinar el número de empleados que debían ser despedidos.
Aunque el recorte previsto no llegó a ejecutarse en su totalidad, FEMA ya había separado de sus cargos a 4.300 trabajadores durante el año fiscal 2025, cifra que representa un aumento del 55 % respecto al período anterior, de acuerdo con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
Tras el fallo, la jueza ordenó al Gobierno y a los demandantes reunirse para establecer las medidas necesarias para corregir la situación.
La controversia también se produce en medio de otras propuestas de reducción de fondos relacionados con la atención de emergencias y la previsión climática. Entre ellas figura una iniciativa para limitar al 50 % de los costos de los desastres los reembolsos federales destinados a los gobiernos locales.
Organizaciones como el Center for American Progress también han denunciado recortes de 200 millones de dólares en programas de pronóstico climático de la NOAA y de 150 millones de dólares destinados a fortalecer los sistemas de observación meteorológica.
