La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio y con carácter cautelar del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, tras identificar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y sociedades bajo investigación del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública.
Las razones sociales impactadas por la medida preventiva, contenida en el acto administrativo núm. DGCP44-2026-003760, son: Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
Verificación y cruce de datos
Según la institución, los procesos continuos de verificación, interoperabilidad y cruce de datos permitieron detectar coincidencias y conexiones de estas entidades con proveedores cuyos registros ya se encontraban suspendidos en el marco de investigaciones por delitos contra la administración en procesos de contratación pública.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la medida se adopta amparada en las facultades otorgadas por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación núm. 52-26, con el objetivo de resguardar el patrimonio estatal y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).
Carácter preventivo
La DGCP señaló que la suspensión se fundamenta en el riesgo razonable de que las sociedades identificadas puedan ser utilizadas como mecanismos indirectos para mantener la participación económica de personas o estructuras societarias previamente inhabilitadas.
“El acto administrativo supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público”, indica la resolución dictada el 14 de septiembre.
La institución enfatizó que la decisión tiene carácter preventivo, provisional y no sancionador, por lo que no prejuzga la responsabilidad penal ni administrativa de las empresas afectadas ni de sus ejecutivos, función que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los tribunales.
Alcance de la medida
La suspensión se mantendrá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales de los casos de origen o bien se acredite la desvinculación o cese de las circunstancias que motivaron la medida.
Finalmente, la DGCP informó que el acto administrativo ha sido remitido a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Procuraduría General de la República y PEPCA, y se encuentra publicado en la sección Marco Legal del portal institucional.
Fuente: https://www.dgcp.gob.do/noticias/
