Santo Domingo.– El Gobierno puso en marcha un protocolo para enfrentar las invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos pertenecientes a proyectos de la Reforma Agraria, con el objetivo de proteger a los productores y fortalecer la seguridad jurídica de las parcelas destinadas a la producción agrícola.
La iniciativa será coordinada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; y el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, junto a representantes de organizaciones campesinas.
Durante una reunión de trabajo fueron identificadas varias zonas afectadas, entre ellas Mogollón, en San Juan de la Maguana; Villa Riva, Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia. Las autoridades acordaron realizar un levantamiento para establecer una ruta de intervención legal, técnica y operativa.
Peralta explicó que cada situación será analizada de manera particular y bajo el debido proceso, a fin de determinar las acciones legales correspondientes y garantizar los derechos de los productores.
Mientras, Espaillat señaló que proteger la propiedad de los parceleros también representa una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria del país. Afirmó que el Gobierno buscará soluciones mediante el diálogo y las herramientas establecidas por la ley.
Como parte del plan, será creada una comisión técnica interinstitucional que tendrá la responsabilidad de documentar los expedientes, revisar la situación jurídica y territorial de los terrenos y formular recomendaciones para su regularización y titulación definitiva.
Los dirigentes campesinos denunciaron que personas interesadas en apropiarse de las parcelas utilizan diferentes mecanismos para desplazar a productores legítimos. Según afirmaron, en algunos casos se presentan supuestos abogados y alegados respaldos de civiles, policías y militares.
Las organizaciones advirtieron que estas acciones afectan el patrimonio de los agricultores, amenazan la continuidad de la producción y pueden generar conflictos que pongan en peligro la integridad de los afectados.
El protocolo incluirá un sistema de seguimiento entre los ministerios de Justicia y Agricultura, el IAD y las organizaciones campesinas, con apego al marco legal y al debido proceso para atender los casos existentes y prevenir nuevas ocupaciones.
Fuente -Presidencia de la Republica.
