Las garantías del debido proceso, la valoración de la prueba, la independencia judicial y las implicaciones de la reciente reforma al Código Procesal Penal fueron algunos de los temas analizados durante la segunda jornada del VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional (TC).
Jornada académica
Durante la jornada se desarrollaron nueve conferencias y dos paneles con la participación de juristas, magistrados y especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron los desafíos que enfrenta la administración de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio Meliá, advirtió sobre los riesgos que representan para las garantías constitucionales las normas procesales restrictivas aplicadas a determinados delitos.
Por su parte, la catedrática de la Universidad Austral, María Sagüés, subrayó la importancia del debido proceso y el cumplimiento de las garantías constitucionales para asegurar la defensa efectiva de las personas.
Populismo penal y límites al poder
El jurista dominicano Eduardo Jorge Prats abordó el impacto del populismo penal en el debido proceso y planteó que el derecho penal debe establecer límites al poder punitivo del Estado.
El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, sostuvo que las relaciones entre cortes supremas deben desarrollarse mediante el diálogo y la colaboración, evitando confrontaciones institucionales.
El exjuez del Tribunal Constitucional de Perú, Gerardo Eto Cruz, destacó el papel de los tribunales constitucionales en el control de los excesos de poder y en la protección del debido proceso.
Reforma al Código Procesal Penal
Uno de los paneles estuvo dedicado a las novedades del nuevo Código Procesal Penal dominicano, recientemente reformado.
La jurista Emery Colomby Rodríguez señaló que algunas de las restricciones incorporadas deben ser examinadas desde una perspectiva constitucional.
El jurista Francisco Álvarez destacó los cambios experimentados por la jurisprudencia dominicana en la última década y consideró que las modificaciones representan transformaciones relevantes en el sistema judicial.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó aspectos de la reforma vinculados con la investigación y el juicio, incluyendo la flexibilización de las salidas alternas.
El primer suplente del Defensor del Pueblo, Roberto Quiroz, abordó la jurisdicción privilegiada y explicó que esta competencia busca proteger la función pública y evitar abusos de poder político durante las investigaciones.
El director jurídico del TC, Wilmer Espinosa, expuso sobre la incidencia de las decisiones de esa alta corte en la reforma y citó varias sentencias relacionadas con la materia.
Otros temas tratados
La jornada incluyó exposiciones sobre la motivación de las decisiones judiciales, la neutralidad de los jueces, la legitimidad democrática de la justicia y el debido proceso en procedimientos sancionadores contra actuaciones de la administración pública.
El congreso concluyó su segunda jornada con el panel “Las prácticas distorsionadas”, en el que se abordaron aspectos relacionados con la lectura y alcance de las acusaciones, la audiencia preliminar, las solicitudes de medidas de coerción, la preparación de documentos acusatorios y el papel de los jueces en la dirección de las audiencias.
