Por: Awilma Nuñez –.Bogotá, Colombia. — Colombia conmemora este 26 de septiembre una década de la firma del primer acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, un pacto que marcó un momento histórico en el intento por poner fin a más de 50 años de conflicto armado.
El acuerdo fue suscrito el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena, por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido en aquella época como Timochenko. La ceremonia contó con la presencia de víctimas, excombatientes, dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional.
Sin embargo, seis días después, el acuerdo fue sometido a un plebiscito nacional y rechazado por los votantes. Tras el resultado, el Gobierno realizó nuevas conversaciones con sectores que habían promovido el voto por el “no” y posteriormente introdujo modificaciones al documento.
La nueva versión fue firmada el 24 de noviembre de 2016 y es la que actualmente continúa en proceso de implementación. Entre los cambios se incluyeron disposiciones más precisas sobre la entrega de bienes y recursos de las FARC destinados a contribuir a la reparación de las víctimas.
El pacto también dio paso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional creado para investigar y juzgar hechos relacionados con el conflicto. El acuerdo definitivo estableció inicialmente un periodo de funcionamiento de diez años, con posibilidad de una prórroga adicional.
Uno de los momentos más recordados de la ceremonia ocurrió cuando un avión de combate Kfir rompió la barrera del sonido mientras Londoño pronunciaba su discurso. Ante el estruendo, el exjefe guerrillero hizo referencia a los años de enfrentamiento y señaló que, en esta ocasión, los aviones “venían a saludar la paz y no a descargar bombas”.
A diez años de aquel acontecimiento, el acuerdo continúa siendo un elemento importante del debate político colombiano. El actual Gobierno ha planteado modificaciones en la manera de aplicar lo pactado y ha priorizado una política de seguridad enfocada en la confrontación con los grupos armados ilegales.
Aunque el Ejecutivo no puede eliminar unilateralmente el acuerdo firmado en 2016, ha señalado que busca ajustar su aplicación a las prioridades establecidas por la actual administración.
Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene su compromiso de fortalecer la cooperación con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, organismo encargado de acompañar y supervisar parte del proceso de implementación del acuerdo de paz.
