El Gobierno de Venezuela ha calificado las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra 16 funcionarios venezolanos como un «nuevo crimen de agresión». Entre los afectados se encuentran miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Parlamento. Las sanciones se deben a la proclamación «falsa» de Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones de julio pasado.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano expresó su rechazo más firme a lo que considera una «agresión» por parte de EE.UU., al imponer «medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales» contra estos funcionarios. Entre los sancionados se encuentran Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE; y Pedro Infante, vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El Gobierno venezolano asegura que estas sanciones son una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía nacional.