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Este martes, el Gobierno argentino formalizó la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública mediante el Decreto 959/2024. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue publicada en el Boletín Oficial.
Días antes, el vocero presidencial Manuel Adorni y Sturzenegger habían anticipado esta decisión, que elimina la práctica que permitía a familiares o cónyuges de empleados fallecidos ocupar sus puestos en entidades clave como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y el Banco Nación.
El decreto fundamenta la prohibición en principios de igualdad, mérito y transparencia. Se cita la Constitución Nacional, que busca asegurar la libertad y el ejercicio de los derechos individuales, subrayando que “las bases constitucionales de nuestro país fueron consolidadas sobre el principio de igualdad” y la prohibición de distinciones basadas en la ascendencia.
Además, se hace referencia al proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, que establece que “no hay prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay fueros personales”. En consonancia, el artículo 16 de la Constitución prohíbe cualquier tipo de privilegios de nacimiento, asegurando que “todos sus habitantes son iguales ante la ley”.
La medida refuerza que la idoneidad es la única condición para el acceso a los cargos públicos, subrayando que “la selección del personal debe efectuarse sobre la base de su capacidad para ejercerlo”, un principio considerado fundamental para el sistema republicano de gobierno.
Con esta decisión, el Gobierno argentino busca garantizar una administración pública más equitativa y eficiente, alineada con los valores de meritocracia y transparencia.
