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El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este lunes que su gobierno mantiene una política de «cero tolerancia» hacia la corrupción, luego de la entrega al Estado de más de tres mil millones de pesos en bienes e inmuebles decomisados en procesos de extinción de dominio y del arresto de varios miembros de la Policía Nacional implicados en el robo de municiones.
En su rueda de prensa semanal desde el Palacio Nacional, Abinader destacó que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) bienes y propiedades valorados en 3,242 millones de pesos, resultado de investigaciones sobre corrupción. Esta incautación forma parte de los esfuerzos del gobierno para recuperar activos obtenidos ilícitamente.
El presidente también se refirió a la Operación Pandora, que culminó con la detención de varios oficiales y agentes de la Policía Nacional acusados de sustraer más de 900,000 proyectiles de la institución. Abinader resaltó que estas acciones son una muestra de que tanto la Policía como el Ministerio de Interior y Policía están comprometidos con la lucha contra la corrupción dentro de sus propias filas.
“Este fin de semana se produjeron dos hechos sin precedentes: la entrega de los recursos por parte de la Procuraduría y el apresamiento de los policías implicados, lo que demuestra que estamos combatiendo la corrupción de manera interna y externa. Esto nunca antes había sucedido”, indicó el mandatario.
Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, celebró las detenciones, que incluyen a oficiales de alto rango como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, responsable de la custodia de armas y municiones, y el capitán Nelson Valdez, encargado del Depósito de Armas y Municiones. Raful aseguró que con estas acciones se ha roto un sistema de impunidad que había generado gran indignación en la sociedad.
«Con estas detenciones, estamos dando una señal clara: cualquier persona que intente manchar la transparencia de la reforma policial será procesada con todo el peso de la ley», señaló la ministra, quien recordó que la investigación del Ministerio Público comenzó en octubre tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección de la Policía Nacional.
Los detenidos enfrentan cargos por la presunta sustracción y venta de centenares de miles de proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, un escándalo que ha sacudido a la institución y a la opinión pública. Entre los apresados también figuran el subintendente Juan Miguel Pérez Soler y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien estaría implicado en la alteración de una auditoría para ocultar la desaparición de municiones.