El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado este lunes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos «opera» en Bolivia con el objetivo de capturarlo. La declaración se produjo al cumplirse tres meses de un supuesto atentado contra su vida, que según él ocurrió en octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, un bastión político y sindical del exmandatario.
Morales relató que el 27 de octubre de 2024 fue víctima de un «ataque armado» mientras se desplazaba por la carretera. En esa ocasión, responsabilizó al presidente Luis Arce del ataque y sugirió que el Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el incidente, lo que desató una ola de controversias.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acusó a Morales de disparar con arma de fuego a varios policías, resultando uno de ellos herido durante un control antidrogas. Sin embargo, el exmandatario sostiene que los policías implicados en el ataque no llevaban uniforme y estaban encapuchados. Además, según fotografías que él vio, algunos civiles participaron en la evacuación del herido.
Morales también cuestionó que durante el operativo realizado, supuestamente para «matarlo», hubo extranjeros vestidos de civiles que utilizaron el helicóptero de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Según el expresidente, estos extranjeros eran miembros de la CIA y del grupo de élite SWAT, un equipo de operaciones especiales de Estados Unidos, que según él también estaría presente en el país para capturarlo.
Ante estos hechos, el exmandatario pidió a los organismos internacionales investigar el supuesto atentado y la presencia de militares extranjeros en Bolivia. Morales recordó que la «persecución política» en su contra comenzó en 2021, cuando se enteró de la existencia de una operación denominada Plan Negro en la que según él, estaban involucrados autoridades del Ejecutivo, militares y policías bolivianos.
Estas acusaciones se producen en un contexto de creciente tensión política en Bolivia, donde Morales enfrenta procesos judiciales, incluido uno por presunta trata de personas. A pesar de las denuncias, el Gobierno boliviano no ha emitido una respuesta oficial, lo que ha generado reacciones divididas tanto a nivel nacional como internacional. La situación sigue siendo objeto de seguimiento por parte de medios de comunicación y analistas políticos, mientras se espera que se realicen investigaciones formales sobre las alegaciones de Morales.
