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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país. Esta medida, anunciada al inicio de su segundo mandato, ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y posibles implicaciones sociales.
Trump argumenta que la ciudadanía por nacimiento fue concebida originalmente para otorgar estatus legal a los hijos de esclavos liberados tras la Guerra Civil, y no para aplicarse a todos los nacidos en territorio estadounidense. Sostiene que esta interpretación ha llevado a un aumento en la inmigración ilegal, ya que algunos buscan que sus hijos obtengan la ciudadanía automáticamente al nacer en Estados Unidos.
La 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en que residen». Esta enmienda fue diseñada para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados y ha sido interpretada durante más de un siglo como una garantía de ciudadanía para cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden ejecutiva de Trump ha sido rápidamente impugnada en los tribunales. Un juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente la medida, argumentando que podría violar la Constitución. Este bloqueo inicial durará al menos dos semanas mientras se llevan a cabo más deliberaciones legales. Se anticipa que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema, donde se determinará la legalidad de la orden.
Esta acción ha provocado reacciones diversas en todo el país. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han condenado la medida, calificándola de inconstitucional y discriminatoria. Por otro lado, algunos partidarios de Trump apoyan la iniciativa, argumentando que es un paso necesario para abordar la inmigración ilegal y proteger los recursos nacionales. El debate en torno a la ciudadanía por derecho de nacimiento continúa, subrayando las profundas divisiones en la sociedad estadounidense sobre la inmigración y la interpretación constitucional.
