La Embajada de Estados Unidos en España ha solicitado recientemente a sus proveedores que certifiquen, en un plazo de cinco días, que no cuentan con políticas de diversidad o inclusión relacionadas con raza o género en sus programas internos. Las empresas deben firmar un documento que garantice que no implementan iniciativas que puedan violar las leyes antidiscriminación estadounidenses.
Esta medida responde a las directrices establecidas por el expresidente Donald Trump a través de varias órdenes ejecutivas, las cuales buscan eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) dentro de las organizaciones que mantienen relaciones contractuales con el gobierno de EE. UU.
Según la nueva exigencia, si las empresas no cumplen con esta certificación en el plazo estipulado, los pagos relacionados con sus contratos serán suspendidos. Aunque la disposición solo aplica a las operaciones sujetas a la legislación estadounidense, la medida ha causado preocupación y controversia, ya que refleja un giro en las políticas laborales y de contratación que favorecen la inclusión.
Este cambio forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para desmantelar los programas de diversidad e inclusión, los cuales han sido promovidos en el ámbito corporativo y gubernamental durante los últimos años. En consecuencia, muchas empresas, especialmente las de gran tamaño, podrían verse obligadas a revisar o suspender sus iniciativas de diversidad para mantener sus contratos con el gobierno de EE. UU.
La medida ha generado un debate sobre los efectos de la eliminación de programas de inclusión y si este enfoque afectará el ambiente laboral y la equidad en las organizaciones a nivel global.