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El Gobierno de la República Dominicana ha anunciado este domingo la implementación de nuevas y más estrictas medidas de vigilancia en la frontera con Haití, con el objetivo de reforzar el control migratorio y asegurar la integridad del país frente a la creciente crisis en su vecino haitiano, que enfrenta serias dificultades políticas, económicas y sociales, agravadas por la violencia de las bandas armadas.
Las autoridades dominicanas, representadas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, informaron sobre las nuevas disposiciones durante una reunión celebrada en la localidad de Dajabón, ubicada en la frontera con Haití.
Según Lee Ballester, las medidas estarán enfocadas en optimizar la vigilancia fronteriza y los controles de ingreso, con el fin de reforzar la seguridad. El director de Migración detalló que se incrementarán los operativos migratorios, incluyendo el uso de más vehículos y recursos tecnológicos para la repatriación de migrantes indocumentados.
Por su parte, Raful destacó el «compromiso inquebrantable» del Gobierno dominicano con el control de la inmigración irregular, calificándolo como un tema prioritario de seguridad nacional.
La situación en Haití sigue siendo crítica, y ante esta realidad, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, hizo un llamado a una respuesta internacional coordinada para abordar la crisis en Haití. En su intervención en la Conferencia Anual de las Cámaras Americanas de Comercio en Miami, Álvarez pidió un mayor respaldo financiero para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Además, destacó la importancia de la asistencia humanitaria para prevenir el agravamiento de la crisis y una posible ola migratoria que podría afectar a la República Dominicana y a Estados Unidos.
El presidente dominicano, Luis Abinader, respondió a las críticas internacionales sobre las deportaciones de haitianos, especialmente en medio de la inseguridad extrema en Haití. En una intervención el pasado viernes, Abinader afirmó que ninguna entidad, ya sea estatal o privada, tiene el derecho de cuestionar o interferir en las acciones que su gobierno ha tomado para defender la seguridad y paz del territorio dominicano.
Desde octubre pasado, el gobierno dominicano ha intensificado las repatriaciones, con el objetivo de devolver semanalmente a unas 10.000 personas en situación migratoria irregular, en su mayoría haitianos. Las deportaciones han generado un debate sobre la manera de abordar la crisis migratoria, pero las autoridades aseguran que son esenciales para garantizar el bienestar y la seguridad del país.
EFE
