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Los Ministerios de Salud, Medio Ambiente, Educación, Agricultura, Interior y Policía, junto a la Procuraduría General de la República y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), han anunciado una serie de medidas para sancionar y procesar penalmente a los responsables de realizar fumigaciones ilegales que pongan en riesgo la salud, especialmente en entornos escolares.
Esta decisión llega tras varios incidentes de intoxicación registrados en estudiantes y docentes de la provincia Duarte y otras zonas del país, como resultado de fumigaciones aéreas y terrestres. Las autoridades han señalado la falta de regulación en el uso de drones para estas actividades, lo que incrementa los riesgos en áreas cercanas a las escuelas.
El ministro de Salud, Víctor Atallah, reiteró el compromiso del gobierno en la protección de la salud pública, destacando que «garantizamos el cumplimiento estricto de las normativas vigentes y establecemos las bases para una acción coordinada y eficaz en la vigilancia de las fumigaciones».
Medidas de Acción y Vigilancia
A partir de la próxima semana, las autoridades iniciarán una “Misión Operativa” en las zonas de mayor riesgo, con énfasis en las áreas donde ya se han registrado incidentes. Entre las acciones contempladas se incluyen:
- Salud Pública: Implementación de un programa de capacitación y certificación para los aplicadores de plaguicidas y vigilancia epidemiológica continua.
- Educación: Sensibilización de la comunidad escolar y establecimiento de perímetros de seguridad alrededor de las escuelas, con la prohibición de fumigaciones durante los horarios escolares.
- Medio Ambiente: Monitoreo del impacto ambiental y control sobre el uso de plaguicidas de alta toxicidad.
- Agricultura: Creación de un registro de aplicadores y mecanismos de trazabilidad para el uso de plaguicidas.
- Procuraduría General: Investigación y procesamiento penal de los responsables de fumigaciones ilegales.
- IDAC: Regulación de fumigaciones aéreas, asegurando el cumplimiento de horarios y condiciones de vuelo cercanas a las escuelas.
Las autoridades también han hecho un llamado a las empresas y personas involucradas en actividades de fumigación a cumplir con las leyes nacionales e internacionales para garantizar la protección de la salud pública y evitar daños a las comunidades, particularmente en los entornos educativos.
Con esta serie de acciones, el gobierno busca fortalecer la seguridad y bienestar de los estudiantes, docentes y la población en general frente a las amenazas que representan las fumigaciones ilegales.
