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El ultimátum de 48 horas impuesto por Elon Musk a los empleados federales de Estados Unidos ha generado una gran controversia en el gobierno. Este martes venció el plazo para que los trabajadores públicos justificaran sus tareas, con el riesgo de ser despedidos si no respondían al correo electrónico enviado el sábado pasado.
El mensaje, enviado por la Oficina de Personal del Gobierno (OPM) bajo el título «¿Qué hiciste la semana pasada?», exigía a los empleados detallar cinco «logros» alcanzados en la última semana. En caso de no responder, Musk advirtió que la falta de respuesta sería considerada una renuncia, y los empleados serían despedidos.
Musk, nombrado recientemente encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha implementado esta medida como parte de su estrategia para recortar el gasto público, un esfuerzo que ha encontrado una fuerte oposición por parte de varios líderes de agencias, como el FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono. Estos organismos han pedido a sus empleados no responder al correo, argumentando que son los jefes de las agencias quienes deben valorar el desempeño de los trabajadores.
El presidente Donald Trump, en cambio, respaldó la iniciativa de Musk, calificándola de «genial» y apoyando su enfoque para mejorar la eficiencia en el gobierno federal. Sin embargo, los sindicatos y algunos legisladores han cuestionado la legalidad de la medida, advirtiendo sobre los riesgos de falta de transparencia y control en las acciones del magnate.
Elon Musk ha demostrado su creciente influencia dentro de la administración de Trump, lo que ha aumentado las críticas hacia su poder dentro del gobierno. A su gestión se le atribuyen acciones como el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la congelación de la ayuda humanitaria estadounidense, medidas que también han generado polémica.
La situación ha resaltado la creciente polarización en torno a la gestión gubernamental, con una división clara entre los defensores de la iniciativa y aquellos que temen que esta pueda socavar la estabilidad y efectividad del servicio público.
