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La directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, entregó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un expediente que documenta presuntas irregularidades en la gestión de fondos destinados al mantenimiento de centros educativos en zonas rurales, bajo la administración del exministro de Educación, Ángel Hernández.
La decisión responde a una solicitud realizada por el propio Ángel Enrique Hernández Castillo, quien pidió que se profundizara una investigación en curso sobre la ejecución de estos fondos. Sin embargo, no se especificó en la nota de prensa la fecha en la que se realizó dicha solicitud ni a cuál de las regionales de educación corresponde la investigación.
Según los hallazgos de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de Procesos del Ministerio de Educación (Minerd), se transfirieron RD$25,142,600.00 para proyectos de reparación de escuelas que inicialmente no requerían intervención. Estos fondos habrían sido utilizados sin el cumplimiento adecuado de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Además, el informe destaca la adquisición de 1,595 abanicos por un monto de RD$33,461,011.05, lo que sugiere una posible sobrevaloración y una vulneración de las normas establecidas en la Ley de Compras y Contrataciones.
A raíz de estos hallazgos, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental remitió el expediente a la Procuraduría General de la República para su debida investigación, con el objetivo de determinar la existencia de las irregularidades y establecer responsabilidades penales, civiles o administrativas si se confirma alguna falta.
Hasta la fecha, la DIGEIG ha sometido 48 expedientes a la Procuraduría, a los que se suman otros informes entregados por entidades como la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública, lo que podría tener implicaciones penales.
Milagros Ortiz Bosch aclaró que su rol como directora de la DIGEIG es proporcionar los instrumentos éticos y entregar la documentación a las entidades correspondientes para que se realicen las investigaciones pertinentes. En ese sentido, aseguró que tiene «cientos» de casos en espera de ser procesados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y otras instituciones competentes.
